Nueva ofensiva económica ¿Qué aprendimos de la anterior?

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Todo control de precios implica un ejercicio arbitrario del poder público. Pero esto no es una objeción, pues sustituye a un ejercicio arbitrario del poder privado, que tiene efectos más importantes y excesivamente arbitrario para los que sufren la inflación resultante”.

J.K. Galbraith.

Cuando se analizan los resultados de la ofensiva económica que a finales del año se llevó para combatir la guerra económica, lo primero que se concluye es que los precios pueden ser de hecho controlados y la especulación atajada de raíz si se combina la acción del Estado garante con la movilización ciudadana y popular. Pero inmediatamente, también se concluye que nada de esto ofrece garantías definitivas sino se sostiene en el tiempo y consolidan las condiciones sociales, institucionales, ideológicas e incluso anímicas, que hacen que el interés colectivo se imponga sobre la arbitrariedad del poder de los sectores privados y especulativos.

A este respecto, los primero que hay que tener claro es que la guerra económica debe entenderse antes que cualquier otra cosa, precisamente, como un guerra. Y en cuanto tal, supone la voluntad tanto de imponerse sobre el otro como de crear las condiciones que así lo permitan. Desde este punto de vista, como toda guerra, es la continuación de la política por otros medios, en este caso, a través de la manipulación y el sabotaje de los medios “económicos” tanto aquellos que tienen que ver con el comercio diario como las variables monetarias, financieras y fiscales. El fin último de la guerra económica emprendida por la burguesía parásita es la consolidación de las condiciones sociales de reproducción y explotación de los grupos concentrados, transnacionalizados, mafiosos y especulativos sobre la sociedad, lo cual pasa por la derrota del gobierno pero también por el aplastamiento de cualquier iniciativa popular y ciudadana de oponérsele. El capital especulativo-parásito-buitre que gravita en torno a nuestro país –que es una variación del que gravita sobre el mundo por más rasgos locales que tenga- necesita de gobiernos que le sean funcionales y de una población sumisa y proclive a dejarse explotar.

Marx decía en alguna parte que en su competencia por conquistar mercados y las mayores cuotas de ganancia, los capitalistas fijan estrategias, alinean sus tácticas y disponen medidas que actúan como carros de combate que buscan cercar y derribar las plazas contrarias, ocupar territorios fortificados o abandonados, pero también establecer sus propias áreas de influencia y delimitar sus provincias. En el caso nuestro, los capitalistas hacen exactamente lo mismo, pero no tanto para competir entre ellos como para competir contra la mayoría asalariada y trabajadora. Uno de los rasgos más característicos del capitalismo venezolano, tal y como hemos sostenido antes, es que el modelo de acumulación basado en la privatización de la renta y a la captura “en la ruidosa esfera del mercado” de cuotas extraordinarias de plusvalía a través de la especulación de precios supone una modificación de los esquemas clásicos de competencia intra-capitalistas. Es decir, en nuestro país se da el caso que la competencia entre capitalistas es ficticia o se da de manera secundaria y focalizada, pues la competencia realmente existente y determinante es la que opera entre los capitales cartelizados contra los consumidores asalariados. De manera concertada o no, consciente o inconsciente, premeditada o simplemente por costumbre, el mercado venezolano ha devenido en un mercado de carteles que se reparten las cuotas y acuerdan precios, impiden por cualquier vía –incluso las gansteriles- la llegada de potenciales competidores y tienen como consigna sacar la mayor ganancia los más rápido invirtiendo menos, lo cual se hace especulando el precio por unidad de cualquier producto ofertado. A ciertos niveles –los de mayor concentración- la cartelización es premeditada y consciente –como pasa con los alimentos (Cargill “vs.” Polar) y con los vehículos (lo que muy bien explicaba el presidente Maduro al solicitar la habilitante el año pasado: los concesionarios y ensambladoras prefieren vender un vehículo al precio de cinco antes de fabricar tres más económicos). Ahora bien, esta cartelización premeditada termina arrastrando al resto de la economía, los demás de productores y comerciantes se ven expoliados por los más grandes (la especulación con los insumos, el cobro de rentas abusivas –por caso: los alquileres de locales) o simplemente se ven animados a hacer lo mismo buscando las migajas que los más grandes dejan o exprimiéndole al consumidor lo que le han exprimido a ellos.

 

El papel de la especulación en el capitalismo venezolano  

Parafraseando la promoción de una vieja película de cine negro, del capitalismo venezolano debe decirse que la especulación no es su lado oscuro o distorsionado, sino que es el único lado que tiene y la única forma que conoce y ha conocido para funcionar. Lo que varía cada cierto tiempo son las intensidades, pero al menos desde 1830 cuando se fundó la República Oligárquica de la mano de los representantes de las Casas Comerciales, la especulación y la tracalería en su sentido más amplio ha sido su signo.

Más allá del hecho de la posibilidad que para ello supone la captación de una renta internacional, la especulación funge también de respuesta adaptativa del capitalismo venezolano a la conflictividad social y la movilización histórica de los trabajadores en contra de su explotación. Y es que tal conflictividad y movilización, entre otras conquistas, tuvo la de procurarse una legislación laboral garantista que mantuvo ese carácter desde 1936, cuando se creo la primera ley del trabajo, hasta la década de los noventa, cuando la ofensiva neoliberal de la mano de los gobiernos del ocaso puntofijista y la represión policial modificó la legislación laboral para retrotraerla a los tiempos cuando eran los gerentes de las petroleras quienes fijaban los salarios y beneficios.

En lo concreto, ese carácter garantista y proteccionista del trabajo en Venezuela –que no es una prerrogativa otorgada a los trabajadores sino una conquista histórica- implica que la explotación capitalista tradicional en la esfera del trabajo se desplaza preferentemente –aunque no exclusivamente- a la esfera de la comercialización. Esto es, los capitalistas en Venezuela apropian por la vía de la especulación en la esfera del consumo aquello que no pueden apropiarse del todo en la esfera del trabajo dadas las barreras legales que tienen para ello, barreras que, como todo el mundo en este país sabe, fueron no solo recuperadas sino llevadas a un nivel superior en los últimos quince años. Así las cosas, por eso siempre hemos dicho que la “inflación” venezolana no es una distorsión de los mercados en sentido en que suelen afirmarlo los expertos económicos convencionales, tanto los de derecha como los de “izquierda”: la inflación es la expresión de la transferencia de los ingresos, los salarios y en general de la riqueza social desde un(os) sector(res) de la población hacia otro(s) por la vía del aumento de los precios. En lo fundamental, esta transferencia se produce desde los asalariados hacia los empresarios, pero también desde un fracción del empresariado hacia otra fracción de los mismos. O dicho de manera más clara: en la inflación se expresa la lucha de fracciones o sectores empresariales (en especial los más concentrados) por incrementar sus ganancias a costa del salario de los trabajadores (es decir, de la mayoría de la población) pero también con cargo a las ganancias de otros sectores empresariales en especial los pequeños, medianos y menos concentrados.

Por eso la guerra económica, en el fondo, no es contra el gobierno sino contra la población toda. Conspirar a través de lo económico contra el gobierno es un pre-requisito necesario para la burguesía nacional y transnacional en vista de profundizar su guerra  estructural y mucho más prolongada contra la población trabajadora. Es decir, la guerra contra el gobierno es una guerra derivada de la guerra originaria, la que involucra a los capitalistas contra los asalariados, en la medida en que la política económica del chavismo se ha basado en una distribución más equitativa del ingreso al tiempo que ha excluido a la burguesía del control del Estado, aspecto este clave para su práctica histórica de acumulación de capitales en cuanto el capitalismo en Venezuela se desarrolló históricamente como un capitalismo de y desde el Estado. En tal virtud, no es solo el gobierno el responsable de enfrentarla y ganarla sino la población toda, incluso aquella que no comulga con el actual gobierno pero que igual se ve afectada.

¿Qué nos dejó el dakazo?

Así las cosas, volviendo al principio, derrotar la guerra económica pasa en un primer momento por replicar en la esfera del consumo las mismas garantías que la población tiene en la del trabajo, garantías cuya principal de las cuales se encuentra la de no quedar a merced de los especuladores y tener a donde recurrir para exigir sus derechos. Al mismo tiempo, y en razón de lo mismo, combatir la guerra económica implica generar una movilización popular y ciudadana en defensa de los derechos colectivos donde, entre otras cuestiones, la gente debe tener claro quiénes son, donde están y cómo los especulan. El dakaso del año pasado tuvo ese efecto y fue precisamente por eso que FEDECAMARAS, CONSECOMERCIO e incluso la disonancia aunque para la mayoría desconocida Cámara de Comercio de Caracas (que es el poder real económico junto a Venancham) salieron a victimizarse y reclamar que no los estigmatizaran, labor en la cual, dicho sea de paso, algunos analistas “nuestros” los ayudaron. El dakazo tuvo la virtud de liberar a la gente del secuestro ideológico en el que los especuladores los mantenían, particularmente porque se pudo ver en vivo y directo a través de las cámaras que no eran ni la “pírrica” asignación de dólares, ni los “miserables” márgenes de ganancia de los comerciantes, ni la “escasez” los causantes del alza alucinada de los precios, sino el acaparamiento criminal, las ganancias (y expectativas) de ganancias obscenas y el tráfico de dólares sumado a la vocación conspirativa. Ese es el espíritu que debe rescatarse, consolidarse pero sobre todo no abandonarse.

Paralelo a la instauración del PVP y la capta huellas deben tomarse o avanzar en la aplicación de otras medidas que rompan con el poder que tienen los sectores concentrados para incidir e incitar la especulación y por tanto la guerra económica. Uno de ellos pasa por desarticular las roscas de comercialización y de proveedores revendedores, de manera que el alza especulativa que se origina en un punto X de la cadena no termine en un huracán inflacionario cuando el producto llega al consumidor final. Como dijimos, muchos comerciantes y productores son víctimas también de la especulación, si bien luego terminan siendo victimarios ellos mismos. Sin embargo, sumando y restando, termina siendo que sus intereses se hayan más del lado de los consumidores que de FEDECAMARAS, que muy hábilmente los capta apelando a la solidaridad gremial aunque sus políticas los puedan llevar a la ruina. Mecanismos como el RUPDAE si se utilizan más allá del registro como medio para la planificación de la actividad económica que implique por ejemplo priorizar ramas de actividad sobre otras, así como centralizar el suministro e importación de rubros sensibles como alimentos y medicinas puede ser la clave de ello.

En fin, son muchas las cosas que quedan por hacer y que pueden y deben hacerse. Como dijo el presidente Maduro más o menos por estos días el año pasado, lo que suele interpretarse usualmente como “crisis” puede leerse también como un escenario de posibilidad para cambiar lo que hay que cambiar y la mayoría del país está consciente que con esta economía capitalista parasitaria no vamos para ningún lado bueno.

De tal suerte, hay que tener presentes que por más efectivos que seamos en los controles públicos y ciudadanos de las prácticas económicas (que contrarresten el control arbitrario de los privados concentrados y especuladores), sigue siendo urgente tomar medidas complementarias al nivel de la producción (aumentar la oferta de bienes y servicios producidos y ofertados), pero también cambiar las relaciones de producción para evitar que la acumulación y la ganancia sigan determinando a las relaciones entre las personas. Sustituir la acumulación individual y la explotación como principio organizador de lo económico y social por un modelo productivo basado en la lógica de lo común, lo cual, por cierto, incluye la creación de un novedoso y  sistema bancario, financiero y de intermediación distinto al privado pero también al público, que debería erigirse a partir de la experiencia de la banca comunal con un doble propósito: por una parte, financiar y reproducir el “socialismo productivo”; pero por la otra reducir y al largo plazo evitar que la renta petrolera, el presupuesto público en general y los propios recursos “hechos en socialismo” sigan drenando al capital financiero y comercial aumentando las condiciones de desigualdad, atrofia y concentración que caracterizan a nuestra economía y por tanto a nuestra sociedad.

Esto último debe complementarse con lo que el presidente Maduro denominó la revolución fiscal. Y es que aprovechando la coyuntura abierta por la baja de los precios del petróleo (coyuntura abierta de modo alarmista y catastrofista, tal y como era la intención de quienes promueven dicha baja o buscan aprovecharla) debería reimpulsarse y llamar a debate nacional el tema de los impuestos, particularmente el hecho de que la actual legislación (pese a las reformas hechas por lo menos en materia de exenciones IVA para proteger la canasta alimentaria y bienes indispensables) no solo no permite cobrar a quienes más poseen, sino que es usada por los especuladores como cubierta para especular.

En primer lugar, las retenciones por concepto de IVA deberían ser entregadas al Estado mensualmente y no al cierre fiscal, entre otras cosas para reducir la “tentación” de su evasión y/o su colocación especulativa. En segundo término, deben eliminarse los ajustes por inflación del que gozan los capitalistas, que no solo es una manera de protegerse de la inflación por ellos inducidas sino de utilizar la especulación en provecho propio. Tres, debe subirse el margen de impuesto sobre la renta (sobre todo en casos como la banca privada) adecuándolo a los estándares internacionales, esos que tanto gusta a la oposición citar cuando de aumentar la gasolina se trata. Y es que nuestro país es uno de los que cuenta con las más bajas tasas impositivas de la región (12% del PIB), muy por debajo de por ejemplo Brasil (34%) e incluso el neoliberal Chile (20%), todo sin contar los todavía existentes problemas de evasión y elusión sobre los cuales se ha avanzado pero donde, como hemos podido ver en las inspecciones todavía nos falta mucho, dada que la ingeniería comercial del sector privado recurre a todos los medios concebibles para burlar la contribución. Y cuatro, la reforma fiscal debe incluir pechar tanto el patrimonio como las ganancias o la utilidad por ventas lo cual serviría para desincentivar los precios especulativos. Se trata, en mi criterio, de replicar un mecanismo de cobro progresivo similar al de las ganancias extraordinarias por ventas que se usa para los convenios operativos petroleros. Es decir, luego de un determinado tope –que debería girar el 30% que fija la Ley de Precios- lo que ingrese por concepto de ventas debería contar como impuesto y pasar por tanto al Estado.

Por último, y no menos importante, debemos tener presente que en estos temas toda acción genera una reacción. Es decir, así como las guarimbas, los precios de trasferencia para burlar la revisión de las estructuras de costos y el recrudecimiento del contrabando fueron la respuesta a la ofensiva de diciembre pasado, debemos prepararnos técnica, política e ideológicamente para la respuesta a este nueva ofensiva. Creo que hemos visto suficiente como para no subestimar al adversario y creer que se disciplinará fácilmente, en especial cuando más allá de la avaricia lo animan fuerzas muy poderosas que se hayan en otras latitudes.

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