El tipo de cambio como fetiche y como campo de batalla.

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El siguiente artículo fue publicado originalmente para el semanario 4-F del pasado domingo. A continuación lo reproduzco para quienes no lo han leído.   

El tipo de cambio y la política cambiaria son herramientas de la política económica, no políticas en sí mismas. Y a su vez, la política económica es una herramienta de la política  en términos amplios, es decir, del proyecto de país que la mayoría democrática ha decidido. En este sentido, la valoración de la política cambiaria en particular y de la económica en general, debe hacerse a la luz de los efectos que tienen sobre la economía real y la vida de las personas, y solo una vez considerado eso, revisarlo en base a sus coyunturales resultados contables en el presupuesto estatal o las tensiones macroeconómicas que pueda generar.

Esto es importante recordarlo porque la derecha, en el marco de la guerra económica desplegada contra el país, ha sido muy hábil a la hora de posicionar la polémica cambiaria de modo fetichista, en el doble sentido del término. Es decir, tanto en el sentido de otorgarle poderes mágicos y casi sobrenaturales (como si, en sí misma, la política cambiaria tuviera la facultad de arreglar los diversos problemas de la economía venezolana), como de subsumir toda la política económica, toda la política y prácticamente toda la vida nacional, a lo que pase o no con ésta.

Así las cosa, si la decisión política tomada por un proyecto de país determinado, proyecto ampliamente ratificado en términos democráticos a través del voto de la mayoría, es crecer y seguir creciendo económica y socialmente generando empleos dignos, protegiendo los ingresos de las mayorías y democratizando el consumo y ampliando los derechos socioeconómico, el mercado cambiario debe regularse lo mismo que los precios de los bienes y servicios de consumo masivo. Y esto aún más en el contexto de un país que, como el nuestro, heredó una economía con profundas desigualdades estructurales, con un aparato “productivo” privado tecnológicamente atrasado, donde la mayor parte es foráneo y las empresas “nacionales” dependen de insumos importados y donde, si fuera poco, sobre el 90% de las divisas que ingresan son producidas por el Estado, o sea, son públicas.

En muy buena medida, la polémica actual por el tipo de cambio es  un montaje ideológico con el propósito de empujar una megadevaluación que terminé por derrotar al bolívar frente al dólar castigando a quienes no tienen dólares y a la mayoría asalariada, mientras se premia a los especuladores y estafadores. Una devaluación de este tipo supondría una claudicación de la política económica y la entrega del país a los designios de las agencias financieras globales con sus ramificaciones internas. Bajo el argumento simplista y falso de crear incentivos al sector productivo haciéndolo competitivo, o de responder a la disminución del ingreso nacional producto de la caía de los precios petroleros, lo que se busca es premiar al capital especulativo “legal” e ilegal, así como frustrar cualquier posibilidad de democratización de la economía ni qué decir de transición al socialismo.

En primer lugar, debemos estar claros que una devaluación de la moneda no garantiza un aumento de la productividad, ni de los locales ni de los foráneos. Prueba: todas las veces que se ha devaluado en Venezuela antes y durante el chavismo sin que dicho efecto se produzca. Y en el contexto actual menos garantías de que se produzca existen. Múltiples razones lo explican. La primera y más importante, es que tal apuesta podría tener sentido si contáramos con un sector productivo privado justamente productivo y competitivo desde el punto de vista tecnológico. Y la segunda, que no existe en la actualidad -y todo indica que durante mucho tiempo- un contexto mundial de demanda creciente que justifique apostar por el mercado externo.

Con respecto a lo primero, ahora que hemos visto que ni siquiera son capaces nuestros “empresarios” privados de cubrir el mercado interno, ¿qué podría asegurarnos que van a ser capaces de producir adicionalmente para el mercado externo donde la competencia es mucho más marcada y las tasas de ganancia mucho menores? Es lo mismo que ocurre con la inversión privada externa. Está visto que ningún país actualmente “desarrollado” lo hizo con inversión extranjera. Pero además, en un contexto de precarización salarial mundial, dicha inversión solo funcionaría sobre la base de llevar los salarios locales y los derechos laborales al mismo nivel de los países con salarios más bajos y mayor desempleo, pues es de hecho la única razón que tendría una empresa extranjera para elegirnos entre otros. Y es que ¿por qué invertir en Venezuela donde hay salarios altos en comparación con sus pares regionales y leyes proteccionistas del trabajador y la trabajadora, si puedo hacerlo en otro donde los trabajadores están a su suerte y ni siquiera existen salarios mínimos?

El encarecimiento del tipo de cambio bien por la vía de su liberación, unificación o ambas cosas a la vez, inevitablemente se terminará trasladando a los precios internos empobreciendo drásticamente a la mayoría trabajadora al tiempo que, como decía, se convertirá en un premio a todos los que han especulado y especulan contra la economía nacional. El argumento según el cual tal efecto sobre los precios no se produciría porque en la práctica los comerciantes ya marcan los precios de los bienes y servicios tomando como referencia el precio ilegal (o sea que dicha devaluación ya se produjo y lo que habría que hacer es sincerar las cosas), o bien es profundamente cínico o bien profundamente ingenuo. Es un sofisma tecnocrático que lo único que procura es hacer recaer sobre los hombros de otros, los costos sociales que causaría la subordinación definitiva de los intereses nacionales por los especulativos.

Por lo demás, no hay que ser un economista muy eficiente para saber que una devaluación puede, ciertamente, mejorar el resultado de la balanza comercial a través de la reducción de las importaciones. Pero ese efecto sería efímero y una mera ilusión monetaria ya que el aumento de los costos de los insumos y bienes que obligatoriamente hay que importar (medicinas, por ejemplo) actuaría en la dirección contraria. Todo eso sin contar que la contracción del consumo generada implicaría una caída de la recaudación y por tanto un aumento de déficit fiscal.

La conversa entre Lorenzo Mendoza y Ricardo Hauusman permite agregar elementos adicionales para pronosticar la segura catástrofe que nos aguardaría de nuestro país ser empujado en esa dirección. Por una parte, la eliminación de los subsidios anunciada para “corregir las distorsiones”, puede traernos como beneficio inmediato el que desaparezca el contrabando de extracción por el efecto contractivo de alza de los precios. Pero el costo a pagar por ello será que la mayoría de la población venezolana enfrentará una situación de carestía tanto o más grave que la que sufren los vecinos colombianos, viéndonos forzado al igual que ellos a buscar la comida y bienes básicos en otros lugares. De más está decir que dicha eliminación impactaría en todas las cadenas de precio, disparando aún más la inflación, empobreciendo a la mayoría y profundizando el déficit fiscal por la vía ya mencionada de la caída de la recaudación.

Si a todo este coctel explosivo le agregamos el endeudamiento prometido (entre 40 y 60 mil millones de dólares) y la privatización de PDVSA, los resultados están a la vista: ésta última medida haría descender aún más los precios petroleros (pues abandonaríamos la política de defensa de precios propia de la OPEP) y por tanto el ingreso de nuestra única fuente fiable de divisas. Y como previamente devaluamos, el peso del pago de la deuda se haría insoportable para las finanzas públicas. La política de subir impuestos en medio del contexto regresivo generado no tendría mucho resultado. Por lo que habría que abandonar las misiones y empezar un agresivo proceso de privatización y venta de activos nacionales como forma de pago, mientras prendemos velas a todos los santos para que la FED no materialice la amenaza de subir la tasa de interés de los bonos del tesoro. No es una especulación de nuestra parte: fue lo que ya vivimos en los 80 y 90 y lo que viven actualmente países como Grecia, Puerto Rico, los mismísimos Estados Unidos y prácticamente toda la Unión Europea.

De la política cambiaria del chavismo pueden hacerse las mismas observaciones que aplican para su política de precios. Así como el control de precios no es causa de la inflación y el desabastecimiento sino consecuencias de estos, el control de cambio surgió como respuestas del presidente Chávez ante la especulación de los sectores económicos nacionales y transnacionales y la fuga de capitales, razón por la cual se ha mantenido en esta coyuntura pese a todos los intentos de acabar con él. Y diga lo que se diga, fue y ha sido una política exitosa cuando se considera lo avanzado en materia económica en estos años. Si en la actualidad no funciona como se espera, tiene problemas de aplicación, diseño, complemento, enfrenta un contexto adverso o es fuertemente atacado, hay que mejorarlo, fortalecerlo, actualizarlo, etc., pero no quitarlo, pues así no se soluciona el problema. Las razones administrativas y coyunturales no pueden subsumir las políticas estructurales. Si la política cambiaria y monetaria no la controla el Estado en beneficio de la mayoría como ha sido en estos últimos 12 años, será controlada por los especuladores en perjuicio de todos y todas, como ya nos han demostrado.

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