¿Perjudica la LOTTT y el control de precios a los comerciantes y productores?

Salario y Capital

Supongamos que usted es un comerciante, de esos que se levantan todos los días temprano a empezar su faena pero debe enfrentar lo que considera son dos grandes inconvenientes. El primero, un control de precios que le impide obtener las ganancias que usted cree merecer por su esfuerzo, pero además, ejercer su libertad económica: “¿por qué debe venir un gobierno a decirme cuánto yo debo ganar o a cuánto debo vender?”. Y el segundo, una normativa laboral que le impone salarios mínimos y otra serie de beneficios para unos trabajadores y trabajadoras que, por si fuera poco, no puede botar cuando quiere pues existe inamovilidad laboral. Así las cosas, usted estará de acuerdo con un sector político que le diga que al día siguiente de salir del actual gobierno (por la vía que sea), eliminará el control de precios y reformará la actual legislación laboral de modo que pueda usted ser El Soberano de su negocio y decidir cuánto paga, a quién y cómo, y no un burócrata de ministerio que no sabe nada de nada.

Sin embargo, si ese fuese su caso, tal vez le interesará saber que los datos históricos muestran muy distinta –de hecho diametralmente opuesta- a lo que afirman los “expertos”. En cuanto tendencia histórica, la inflación durante el chavismo ha sido significativamente menor –medida por promedio anual casi la mitad: 27, 04% contra 52,04%- de lo que fue durante década inmediata anterior (1989-1998). Incluso el año 2014, el más alto durante la década chavista, está aún significativamente lejos de los valores a que se disparó tras la aplicación de “saneamiento antiinflacionario” neoliberal de la década pasada. O sea, dada la evidencia empírica recogida por la data oficial del BCV y el INE (que esos mismos expertos saben es imposible de manipular sin la colaboración de organismos internacionales como el FMI, que para el caso venezolano actual sería un absurdo pensarlo), no solo no es verdad que los controles causan inflación, sino que es exactamente lo contrario: en las últimas dos década y media, la inflación ha bajado y ha sido como tendencia más baja cuando hay controles de precio y cambio, y a su vez, se ha disparado y ha sido más alta cuando se levantan. La excepción de los dos últimos años lejos de desmentir esta hipótesis la reafirma: en momentos en los que se han reforzado los controles y fiscalizado su acatamiento, la tendencia alcista de los precios se detiene y revierte. Y en momentos en que se relajan escalan. Entre octubre de 2013 y diciembre del mismo año, los meses de la primera Ofensiva Económica del gobierno, los precios no solo detuvieron su tendencia alcista sino que la inflación retrocedió de 5,1 a 2,2. Y lo mismo pasó a finales de 2014.

De otra parte, es falso que no existan experiencias exitosas de controles de precio. Los Estados Unidos tuvo uno bastante estricto (llegó a involucrar a todos los productos comercializados en el país) desde mediados de los 40 hasta bien entrado los 70, cuando fue definitivamente levantado seguido lo cual vino la estanflación y se acabaron los treinta gloriosos de crecimiento ininterrumpido (no fue la única razón, pero influyó bastante). Israel también aplicó uno en los años 80 con bastante éxito. Ni hablar de la actual política de Precios Cuidados en Argentina. En este sentido, pareciera que lo que hay es que caer en cuenta que, en realidad, la discusión sobre la existencia o no de los controles de precios en las economías no tiene sentido. Y es que no hay alternativa al control, es decir, no existe el “no control”. En la práctica, los controles de precio siempre existen: en aquellos lugares en que no los controla el Estado junto a la ciudadanía organizada, los controlan los comerciantes y particularmente los más especuladores. El tema es que en este último caso se le llama eufemísticamente a dicho control “economía de mercado”. Veamos el caso de Chile y los recurrentes casos de cartelización donde productores y comerciantes se ponen de acuerdo sobre los precios de venta final, de modo de coordinar subas simultáneas de los mismos y no competir entre ellos. O el escándalo de la Tasa Libor, una estafa global estimada entre 360 a 800 billones de dólares, donde los bancos se ponían de acuerdo de las tasa de interés a cobrar cuando en teoría dicha tasa la fijaba “el mercado”.

Pero existe otra razón muy importante para oponerse a la eliminación del control de precios. Y es que no solo sirve para proteger a los trabajadores y trabajadoras de la especulación, sino inclusive para proteger a los comerciantes de ellos mismos.

En efecto, es claro para todos y todas que los controles de precios tienen como objetivo primordial salvaguardar el poder adquisitivo de la clase trabajadora, poder que no solo depende de tener buenos salarios sino además que los bienes y servicios tengan precios accesibles, en especial los bienes salarios y de consumo masivo, y que exista un sistema referencial de precios, es decir, que la gente esté informada sobre los precios de los bienes y servicios de modo tal de poder planificar su economía y no andar a ciegas como anda hoy que no sabe cuánto cuesta nada y de última concluye que depende en realidad del ánimo de a quien le pregunte. Pero en su sentido más amplio, permite a los comerciantes y productores tener tanto una planificación más coherente de su actividad, como protegerse de los abusos que suelen cometer ellos mismos y de los cuales más temprano que tarde terminan siendo víctimas. Y es que en materia de precios, particularmente en contextos especulativos como el que vivimos, la falta de criterio amplio, la ambición, la costumbre, el miedo o todo a la vez, sumado a la miopía, piratería cuando no mala directamente intención de los “expertos”, lleva a nuestros comerciantes y productores a emprender una carrera alcista de precios, que puede que en lo inmediato les reporte ganancias extraordinarias, pero a la larga les hará incurrir inevitablemente en pérdidas, en especial en los casos de los pequeños y medianos y menos concentrados.

La paradoja keynesiana de los agregados nos ayuda a comprender esto: y es que si en un contexto determinado un actor económico sube los precios puede, en efecto, obtener ganancias extraordinarias. Pero si todos lo hacen se genera el efecto contrario y solo lo podrá ganar aquel que es más fuerte, que es por lo general es el caso de la transnacional hiperconcentrada o el monopolio. Pero además, como el único en este contexto que no puede ajustar el precio de su mercancía es el trabajador que vende su fuerza de trabajo y a cambio recibe un salario (que es el precio de su trabajo) que ni fija ni mucho menos puede variar a voluntad, termina resultando que al reducirse su poder adquisitivo por el alza de los precios relativos, forzosamente el trabajador asalariado a la hora de consumir se vuelve más selectivo y disminuye, reorienta o simplemente suspende la compra de determinados bienes y servicios, lo que se traduce en una caída de las ventas que empieza por afectar a aquellos que son vendedores o prestadores de bienes o servicios no esenciales o de los cuales más fácil se puede prescindir. La respuesta automática de los comerciantes y productores ante esta situación, suele ser subir aún más los precios buscando “protegerse”. Pero está claro que por está vía lo único que se logra es profundizar aún más la tendencia regresiva, que es exactamente lo que está pasando en este momento en nuestro país. Lo mismo que ocurre cuando como respuesta complementaria buscan reducir costos laborales, lo cual nos lleva al no menos complejo tema de la política salarial y laboral en términos amplios que tocaremos en el apartado siguiente.

Desde luego es cierto que el actual control de precios tiene muchos defectos, que ha sido perforado como afirma el presidente Maduro. Particularmente diría que más allá de la voluntad de no acatamiento de parte de los actores económicos, existe un componente importante de debilidad institucional en su aplicación, e inclusive, por momentos pareciese que algunos de los actores directamente responsable no están muy convencidos del mismo. Por lo demás, en materia de controles de precio o cualquier otra cosa la constancia, no improvisación y no impunidad resultan vitales, pues sino hace que la gente pierda la confianza y los sujetos de aplicación el temor a ser fiscalizados y sancionados. Sin embargo, eso no debe llevarnos a la conclusión absurda de que hay que porque no cumple con su cometido. Es tan absurdo como decir que hay que eliminar las cárceles porque o existe impunidad o los presos no se regeneran. Si el control de precios no funciona, está mal diseñado, aplicado, resulta anticuado o tiene fallas, hay que mejorarlo, actualizarlo, etc., pero no quitarlo, pues quitarlo no soluciona el problema.

De la legislación laboral y la política de defensa del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, puede decirse exactamente lo mismo. Su objetivo primero es defender a los trabajadores y trabajadoras, pero en sentido más amplio, también resulta beneficiosa para los comerciantes y productores. Y es que termina resultando cierto que los comerciantes y empresarios pequeños y medianos que se suman a las prácticas especulativas, al conspirar económicamente contra el país y los asalariados-consumidores, terminan conspirando económicamente contra sí mismos. No solo está claro, como acabamos de decir, que la carrera especulativa en la cual se involucran la van finalmente a perder frente a los oligopolios y monopolios, por más que hagan ganancias extraordinarias y rápidas en lo inmediato. Sino que al correr contra el salario y ayudar a deprimirlo están deprimiendo la fuente sobre la cual se sostiene su actividad, en la medida en que sus bienes y servicios solo se pueden vender si hay salarios que puedan comprarlos. Lo que la mentalidad de pulpero que, según Uslar Pietri, habita en la mayoría de los comerciantes no les permite ver, es precisamente eso: que pagar salarios pobres y “baratos” termina resultándoles más caro que pagar buenos salarios. Que lo que se “ahorran” abaratando la mano de obra o subiendo los precios, lo padecen deprimiendo el consumo. Es una experiencia que ya vivieron en los 90, pero que al parecer muchos ya muchos olvidaron. Pero los que no la olvidaron y la tienen muy clara son quienes embaucándolos en una comunidad de intereses que no es tal, azuzando sus temores, prejuicios y miopías, los utilizan como avanzada para desmantelar una política de inclusión y democratización socioeconómica de la que se han beneficiado tanto como los trabajadores que desprecian y temen.

Por otro lado, la posición de la mayoría de los expertos económicos sobre los salarios, en cuanto son la forma que tienen los trabajadores y trabajadoras de acceder a una parte de la riqueza social, plantea un dilema interesante: ¿ Y entonces cuándo es el momento para que desde el punto de vista de dichos expertos los trabajadores y trabajadoras pueden mejorar su pedazo en la repartición de la riqueza social ? Si cuando se presentan fases expansivas no pueden porque “se recalienta la economía desatando el diablo inflacionario y la escasez”, pero en las regresivas tampoco porque son los momentos en que hay que “ajustarse el cinturón y recortar gastos”, entonces está visto que tenemos que resignarnos a la idea a que esa momento será tan lejos como nunca.

Por último, aunque no menos importante, cada vez que se dice que los aumentos salariales son causantes de inflación, se olvidan dos cosas. La primera, que por lo general –y en el caso venezolano de los últimos años es más que evidente- los mismos suelen darse para reponer la caída del poder adquisitivo afectada por aumento de precios previos. Y la segunda, que en sentido contable estricto, los aumentos de sueldo generan en lo inmediato incrementos de costos, pero no de precios. En la medida en que solo de modo muy extraordinario un aumento de sueldo puede hacer incurrir en pérdidas, entre ambos momentos lo que media es la decisión empresarial de trasladar dicho aumento de costos a los precios finales para mantener su margen de ganancia. En este sentido, lo que hace el empresario es exactamente lo mismo que el trabajador reclama para sí: incrementar su ingreso nominal para mantenerlo en términos reales, es decir, para mantener su poder adquisitivo. ¿Por qué entonces en un caso es “bueno” y entendible y en el otro “malo” y condenable? Todos los que demonizan los aumentos salariales -incluyendo no pocos de izquierda- invisibilizan la asimetría de poder que permite hacer eso al tiempo que toman partido en contra del débil jurídico y económico, que es el trabajador y la trabajadora. Pero paradójicamente también termina resultando que tomar partido contra ellos resulta un bumerang que acaba por socavar la existencia de una demanda efectiva y dinámica, que es nada menos que la condición de posibilidad de cualquier actividad económica.

 

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