¿Se pueden controlar los precios? Mitos, verdades. La variable tecnológica.

barcodeComo comentamos en la primera parte de esta nota, uno de los principales argumentos de quienes critican los controles de precio es que han fracasado siempre. Como vimos, eso no es cierto, pues existen casos en los cuales los controles han cumplido su propósito. Pero inclusive, suponiendo que fuera el caso el que la historia no registrara ningún control exitoso, no es este un argumento de peso para decretar el fracaso per se de los controles. Y es que para decirlo como los filósofos de la ciencia: no se puede hacer un juicio universal a partir de los datos particulares que ofrece la experiencia pasada o presente, “por más que todos los cisnes que hayamos visto sean blancos, no es posible concluir de ello que no existen los cisnes negros”.

Ahora bien, evidentemente no depende de la buena voluntad ni la suerte el resultado de un control de precios. Depende de varios factores, partiendo de su buen diseño y articulación con otras medidas regulatorias o productivas, así como del concurso activo por parte de la población en la regulación.

De otra parte, una debilidad histórica de los controles es la dificultad que plantea el tener que rastrear el comportamiento de los precios de miles de productos y además entender el cálculo que implica cada uno de ellos a nivel de costos. No se trata exclusivamente de un problema de vastedad, sino que por lo general la información que se maneja es la que ofrecen directamente los comerciantes, es decir, los objetos de control. Obviamente esto la vicia de entrada, haciendo depender a la instancia reguladora de la información dada por los regulados.

A este respecto, una diferencia fundamental entre hoy y ayer  lo representa el elemento tecnológico. Y es que nunca como ahora existen mecanismos que permiten obtener, almacenar, cruzar, compartir y difundir la información, de manera que los datos con los cuales se trabajan sean verdaderamente científicos –como dice la ley de precios y ganancias justas- o al menos confiables y menos viciados del interés de quien lo suministra.

Adicional a esta posibilidad de obtener una información más confiable, se encuentra el hecho de que la tecnologías actuales permiten dividir la regulación más efectivamente en dos niveles: uno que tiene que ver con el control propiamente tal o seguimiento de los precios y las ganancias una vez fijados. Y otro orientado más bien al monitoreo de unos y otras en todos los niveles como insumo para la fijación, que es un problema que muchas veces se confunde pero que en esencia es distinto por más articulados que deban verse. El monitoreo permite tener un conocimiento del comportamiento de los costos, como se dice, en tiempo real; mientras que el control ya es la parte ejecutiva, la que compete a los inspectores y usuarios de acatamiento de los precios y márgenes de ganancia establecidos.

El uso de la tecnología permite precisamente agenciar de manera más efectiva el control institucional con el control ciudadano o popular. Y esto es muy importante no tan solo por la necesaria corresponsabilidad que debe haber en esta cruzada, sino también porque posibilita descargar de los hombros de los funcionarios parte de la vigilancia con el ingrediente adicional de que al menos se hace más difícil desacatar los controles. O para decirlo en términos más simples: si el control depende exclusivamente de la voluntad de un cuerpo de inspectores desplegados permanentemente haciéndole seguimiento a los precios pendientes que los comerciantes no los burlen al dar la vuelta entonces difícilmente se tendrá éxito. Ese despliegue hay que hacerlo, pero combinado con el control ciudadano y, como decía, con la optimización de recursos tecnológicos.

En el caso venezolano, una de las dificultades que enfrenta un control de precios es la pasividad de consumidor en la defensa de sus intereses frente al comerciante. De hecho, incluso por momentos uno estaría tentando a decir que buena parte de los consumidores participan activamente del proceso de su propio proceso de explotación. Esto desde luego tiene que ver con varios factores sumamente complejos, siendo tal vez el primero de ellos los patrones de consumo y desde luego el poder adquisitivo: el consumo en Venezuela es un indicador de estatus. Pero también con el ejercicio oligopólico de la comercialización y la oferta donde hay poca variedad o diversidad tanto de bienes como de establecimientos en la mayoría de las ramas, y en las que hay, igual no se produce competencia de precios sino cartelización casi espontánea. A todas estas, otro factor importante a tener presente es que históricamente hablando el Estado ha actuado a favor de los intereses de los gremios comerciales y no del consumidor. Instituciones como la desaparecida INDECU tenían un función decorativa, dedicadas como estaban a una muy difusa “educación del consumidor” que para nada tenía que ver con la dictadura que ejercen los comerciantes. Pero este papel no le fue otorgado por error o descuido: fue premeditado, una decisión consciente entre autoridades y empresarios. El mejor ejemplo de ello es el del coronel Oscar Álvarez Beria como Superintendente de Protección al Consumidor en los tiempos de CAP I. En el ejercicio de sus funciones, realizó una serie de denuncias sobre cómo desde el entonces Ministerio de Fomento, se estaba beneficiando a algunos empresarios. Entre los señalados por Álvarez Beria figuraba Gustavo Cisneros, entonces propietario de la cadena de supermercados CADA. Álvarez Beria también había procedido a la inspección y cierre de locales comerciales por especulación y acaparamiento incluyendo a varios supermercados de dicha cadena. ¿El resultado? La destitución del superintendente y el simultaneo retorno de los funcionarios previamente destituidos por él acusados de corrupción, pero inclusive, la propia Ley de Protección del Consumidor -aprobada tan solo dos años antes- fue modificada quitándole al novel Instituto de Defensa del Consumidor la capacidad de fiscalización para limitarlo a la educación del consumidor y la tramitación de denuncias individuales.

Pero esta indefensión se ve fortalecida por la prácticamente nula información que posee el consumidor a la hora de comprar, siendo que la única que posee es la que le suministra el vendedor. Pero no me refiero solo a la que tiene que ver con el tipo de producto, etc., sino a la del ejercicio de compra-venta en sí y qué es exactamente lo que está pagando. A este respecto, la famosa etiqueta verde anunciada para ser colocada a los productos importados con divisas a 6,30 hace más por la defensa u autodefensa del consumidor que miles de campañas e inspectores: le da al consumidor herramientas, argumentos para ejercer su reclamo sacándolo de la oscuridad, la ignorancia y la impotencia a lo que somete el vendedor en complicidad con el viejo Estado. Hasta la fecha, si el comerciante le dice al consumidor que el producto le cuesta tanto porque el dólar ilegal está a tanto al consumidor no le queda sino creerle o no creerle, pero no tiene nada concreto en la mano para rebatirlo e inclusive puede llegar hasta a solidarizarse con el vendedor. Pero si el producto está marcado de origen la situación es muy distinta pues la asimetría de información se elimina. Solo queda esperar a este respecto que colocar la etiqueta no dependa del vendedor…

Este mismo marcaje debería hacerse a nivel de la facturación. Es decir, así como en la factura está marcado el IVA y detallados todos los renglones del pago debería decir lo mismo con respecto al origen de las divisas del producto. Esto como decía facilita el empoderamiento de los consumidores pero también el trabajo de los fiscales incluyendo los del SENIAT.

Por último, hay que tener presente que a nivel de monitoreo un control de precios y ganancias no implica hacer nada muy distinto  a lo que hacen muchas empresas a nivel global solo que con fines comerciales y de investigación de mercados. Tal es el caso de por ejemplo AC Nielsen que es la mayor empresa mundial de Investigación de Mercados. Como su negocio es la información, AC NILSEN cuenta  con un sistema que denomina Retail Measurement Services (http://ar.nielsen.com/products/rms.shtml) que registra todas las operaciones de venta al minoreo de alimentos, bebidas, cosméticos, artículos de limpieza, golosinas, cigarrillos, etc., simplemente en base al código de barras en los miles de comercios que operan con ese sistema desde supermercados hasta kioscos pasando por restauranes y quincallas. Ese monitoreo electrónico lo complemente la empresa mediante una auditoría in situ mediante inspectores que asisten a los locales verificando el comportamiento de los productos y si se está utilizando el sistema.

Cada producto de esas categorías que obtiene un código de barras –o sea todos los que son elaborados fuera de la empresa en que se venden– es ingresado a la base, por lo que las presentaciones y formatos de todas las marcas en esos locales son registrados y analizados de modo detallado, en un máximo de 7 días, sin errores de relevamiento ni intervención humana.

O sea, una empresa privada obtiene la información más detallada posible, la elabora y la vende a fabricantes y miembros de la cadena comercial. ¿Por qué el Estado no puede? ¿Por qué el Estado no les exige a los comercios la misma información, controla sus precios y el desabastecimiento de cada producto, mide su participación en el mercado, sus comportamientos monopólicos, compara los precios con los informados por las fábricas y determina los costos de la cadena comercial?

Como dijimos antes, se trata de tener modo y no solo voluntad. No son estos los únicos mecanismos a los que se puede recurrir, pero el punto es que hoy día podemos utilizar herramientas que antes no se contaban e incluso podemos utilizar a favor nuestro aquellas –como los códigos de barra- inventadas más bien para favorecer a los comerciantes.

 

Nota: debo la referencia de la empresa AC Nielsen al siguiente artículo: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/43-7403-2014-01-19.html

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