Las trampas en la actividad económica y cómo combatirlas, por José Gregorio Piña.

mafia-de-cuello-blancoJunto a las grandes medidas destinadas a combatir la guerra económica y la estafa comercial en cuanto tal,  hay otra serie a primera vista más modestas pero efectivas, entre otras cosas porque no suponen exclusivamente la fiscalización del Estado sino de los propios consumidores. Entre estas medidas se encuentran ofrecer a estos mayor información sobre los productos que van a adquirir, de manera que no quede de parte de los comerciantes lo que deben y no deben saber. Ese es un tema trabajado por miles de economistas y organismos defensores de los consumidores, en la línea de propiciar una mayor soberanía del consumidor a la hora de comprar.

Un ejemplo de ello es lo anunciado por el presidente Maduro de marcar con una etiqueta los bienes adquiridos con dólar oficial, como se hizo en un momento por ejemplo con los libros. Y otro que debería pensarse es cruzar las datas y que en la factura se refleje que ese producto fue adquirido con dólar oficial. Como dice José Gregorio Piña en la siguiente nota, son cosas sencillas de hacer que pueden tener un gran impacto sobre todo porque permiten a la ciudadanía aplicar contraloría social y defenderse mejor. Debemos tener presente que como los malandros en las esquinas oscuras, los especuladores aprovechan la opacidad para hacer de las suyas. 

Algunas de las múltiples prácticas fraudulentas que emplean los seudo empresarios y comerciantes para defraudar al Estado y a los consumidores y usuarios son la sobrefacturación; la subfacturación; la simulación, rebaja o malversación de importaciones; la declaración fraudulenta; la fragmentación empresarial; el esquema piramidal (holding), que es que una empresa posee a otra, que a su vez posee a una tercera; los testaferros; la corporación vertical: desde la importación o la compra de la materia prima, cada fase hasta el consumidor final es asumido por una empresa formalmente distinta, pero de los mismos dueños; fijación de precios internos: una empresa relacionada aparece vendiendo a otra con precios manipulados; la doble facturación: facturar con un precio justo, y además emitir otra factura por conceptos ficticios; llevar contabilidades paralelas; simulación de venta: usada con bienes semiduraderos, como automóviles, donde se simula una venta a una persona natural, quien luego vende el bien como “usado”; los costos ficticios y los márgenes usurarios.

Todas estas prácticas suelen darse combinadas varias de ellas.

Los controles en su mayoría ya existen, y es cuestión de aplicarlos, con ayuda de las TIC’s que posibilitan el cruce y cotejo de la información, incluso en tiempo real; ejerciendo la necesaria coordinación institucional.

Los ilícitos con la facturación se atacan mediante las unidades de valoración, que determinan por investigación directa el costo FOB y CIF de los productos en cada país de origen.

Los ilícitos aduanales, relativos a la importación, su ingreso y su declaración; se combaten en todo el mundo con las unidades de clasificación arancelaria y las de reconocimiento aduanal; que verifican la realidad, naturaleza, cantidad y calidad de lo ingresado en aduanas. El SENIAT dispone de equipos de última generación para la revisión no intrusiva de los contenedores.

Los temas jurídicos de la estructura real y aparente de la cadena productiva y comercial y la propiedad accionaria, están prevista en el Código Orgánico Tributario, y debe reforzarse mediante mejoras en el Código de Comercio. Existe el concepto de grupo corporativo y de empresas relacionadas. Debe legislarse en relación con el llamado velo corporativo.

Los asuntos contables corresponden al SENIAT, el INDEPABIS, la SUNDECOP y CADIVI, principalmente, o los órganos que los sustituyan, y también a la CGR porque son divisas provenientes del Estado, dadas para un fin determinado. Los aspectos jurídicos, contables y administrativos se verifican adicionalmente con las auditorías contables y administrativas.

 Las dos leyes promulgadas ayer, que deben esperar por la calificación por parte del TSJ sobre su carácter orgánico, deberán reforzar la competencia legal en estos temas; así como la pendiente Ley Contra el Monopolio y Otras Prácticas Antieconómicas prevista en los artículos 113 y 114 de la CRBV que proscriben dichas prácticas.

Así mismo, esas leyes deben reforzar lo que ya está previsto en todo el ordenamiento legal y la sana práctica administrativa, en cuanto al cotejo de información, las verificaciones y la coordinación interinstitucional. Por ejemplo, CADIVI debe cruzar información con el SENIAT tanto en lo referente a las operaciones aduanales como en el área impositiva, y ambos órganos con quienes supervisen el tema de los precios de venta; con los registros y notarias, y así sucesivamente, todo apoyado con las verificaciones  in situ y las documentales arriba citadas. La Ley de Interoperabilidad ya promulgada debe ayudar al intercambio y cotejo  de la información por medios informáticos.

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