Sobre los orígenes privados de la corrupción pública (II).

hqdefaultEn la primera parte de esta nota definíamos la corrupción como una variante de la apropiación privada de la riqueza social, apropiación que se produce desde o a través del Estado de forma ilegal. Y decimos ilegal pues no es la única forma de apropiación de la riqueza social desde o a través del Estado, ya que existen varias vías legales de hacerlo.

La particular conformación del Estado moderno en nuestro país refleja claramente esta situación. Los grupos de poder que se lo han disputado lo usan para imponer sus intereses particulares, desde las viejas oligarquías conservadoras pasando por las  liberales hasta la llegada de los andinos, quienes se impusieron sobre éstas si bien más pronto que tarde terminarían por aliarse incluso familiarmente.

Esta fusión entre nuevos y viejos grupos de poder –ocurrida en lo fundamental entre 1920 y la muerte de Gómez en el 35- coincide (no por casualidad) con el despegue del negocio petrolero, la definición de las bases de su régimen de acumulación y la definitiva emergencia de la burguesía usuraria y comercial como facción dominante. De esta época datan la mayoría de los grupos económicos que aún dominan la vida nacional. Son los tiempos de lo que Domingo Alberto Rangel llamó la oligarquía del dinero, y por tanto, del despegue del capitalismo oliburgés nacional.

Como también decíamos en la primera parte, ya en estos tiempos la corrupción en cuanto práctica forma parte consustancial del quehacer del Estado, y de por sí, éste ya funciona como agencia que la hace posible, del mismo modo que hacía posible la apropiación legal de la riqueza social o el blanqueo de la anterior. El negociado de las concesiones petroleras puede colocarse como ejemplo. Pero también podríamos poner por caso la baja (por no decir nula) carga impositiva para las actividades económicas, un lastre histórico que todavía padecemos y que tanto le ha costado al país. Esa baja carga impositiva (de la cual hay que descontar además la evasión), sumada a los créditos blandos con poca recuperación y el subsidio de las divisas para la importación, conforman lo que llamaría el populismo de los ricos en Venezuela, que es por cierto el único que realmente ha existido. Aquí no hay corrupción en sentido estricto legal pues se trata de operaciones amparadas por leyes y perfectamente reglamentadas, pero no por ello dejan de ser mecanismos de apropiación de la riqueza social por las manos privadas por vía de transferencia presupuestaria.

Conforme evoluciona el Estado y el país en general durante el siglo XX, la apropiación privada de la riqueza social evoluciona y se complejiza alcanzando niveles de refinamiento pero también de normalización particularmente notables. Luego del derrocamiento de Medina, en los tiempos de la “Junta revolucionaria” de 1945-46, FEDECAMARAS se hace con el control de la Corporación Venezolana de Fomento, dándose el interesante caso de quienes eran beneficiarios del financiamiento preferencial del Estado eran al unísono responsables institucionales del retorno del mismo. Pero no fue suficiente, y por ello conspiraron contra esa misma Junta sellando un pacto de convivencia con los militares en tiempos de Pérez Jiménez.

El pacto de Punto Fijo vendrá a suplir este pacto con lo militares, luego de lo cual se desatará una nueva era de transferencia masiva de la riqueza social hacia los sectores privados a través de una muy chucuta política de sustitución de importaciones. En tiempos de Leoni se plantea  una tímida reforma fiscal que permita diversificar el presupuesto público por la vía de una redistribución impositiva, pero este experimento rápidamente abortará en manos de la presión ejercida por los medios, las petroleras y los comités de clase media que hicieron su estreno político de la única manera que saben hacerlo desde entonces: defendiendo egoístamente sus intereses y privilegios obtenidos del Estado levantando los fantasmas del populismo y el intervencionismo.

Para esta época el modelo de acumulación rentista ya operaba de un modo compacto. Pero como suele ocurrir con los modelos de acumulación, el cenit de su funcionamiento coincide con el inicio de su agotamiento. Para finales de los sesenta y principios de los setenta el agotamiento se presentaba por la vía de la amenaza de estrangulamiento de la balanza comercial, en la medida en que la “sustitución de importaciones” no solamente no las redujo sino que las aumentó al tiempo que los ingresos por conceptos de exportaciones se mantenían en relativamente estables, entre otras cosas porque nuestros “industriales” resultaban incapaces de colocar sus productos en los mercados internacionales en condiciones competitivas.

Esto es importante tenerlo presente pues luego de ese intervalo representado por los gobiernos de Leoni y Caldera llegará al poder Carlos Andrés Pérez, llegada que “coincidirá” con una histórica subida del ingreso petrolero. Dicho aumento dará lugar a un igualmente histórico aumento del gasto público, pero inmediatamente y como consecuencia, a un descalabro económico del cual el país se ha recuperado solo parcialmente.

Según la historia más conocida, el fracaso estrepitoso de la “Gran Venezuela” se debió al festín de corrupción, despilfarro y populismo desatado por la borrachera petrolera. Como todo mito, esto tiene su parte de verdad, pero es una verdad relativa que sirve para tapar la verdad fundamental. Y la verdad fundamental es que tales prácticas no fueron patrimonio exclusivo de la clase política, sino que ésta fue un instrumento de grupos de poder económico que resultaron extraordinariamente beneficiados de dicho festín.  En efecto, el V Plan de la Nación no fue la obra de un loco populista y derrochador ni un error de cálculos (como tampoco lo fue por cierto el fracaso de la sustitución de importaciones), sino la expresión política de los intereses de una fracción emergente de la burguesía nacional cuyo plan era convertirse en la fracción dominante en medio de los re-acomodos sufridos por el capitalismo tanto a lo interno como a nivel internacional. Para ello llevaron a un nuevo nivel la captura del Estado, tanto colocando agentes claves en cargos de decisión como incluso reformándolo en su funcionamiento. La elevada inversión en empresas públicas tenía como propósito fortalecer a estas para internacionalizarlas, luego de lo cual se establecerían como “mixtas” o se privatizarían. Es decir, al Estado le tocaba hacer la gran inversión originaria, la más costosa, incierta y difícil de retornar, y una vez hecha entraban los privados a repartirse los beneficios extraordinarios con la comercialización. Pero dejemos que sea el propio Carlos Andrés Pérez quien lo diga:

La actividad petrolera en manos del Estado incrementa la participación del sector público a un 60%. Pero puede observarse que la inversión bruta fija en el V Plan de la Nación mantiene una proporción sólo de 53 a 47 a favor del sector público. Sin embargo, estos mismos resultados deben ponderarse en términos relativos, en función del impacto que la economía pública ejerce en la expansión de la economía privada, tanto por el efecto de formación de la demanda como la transferencia monetaria del sector público al sector privado, por la vía financiera y la creación de estímulos de todo orden. Además, la participación del sector privado se desarrolla en las áreas más rentables de la economía orientada preferentemente al mercado doméstico, garantizada en buena parte por los programas de gastos de inversión pública. Tampoco pueden omitirse de estas consideraciones, que el V Plan contempla considerable inversión pública dirigida a mejorar la infraestructura económico-social y a desarrollar algunos proyectos de inversiones directamente productivos, los cuales garantizan al sector privado la generación de niveles de crecimiento de la demanda.” (CAP. XXXI Asamblea anual de FEDECAMARAS. Mayo de 1976)

Para cumplir con estos propósitos, fue necesario ademas de dotar al Ejecutivo de poderes especiales desligar a las empresas de sus órganos naturales de control, particularmente del poder legislativo (el entonces Congreso) y la Contraloría General. Estas empresas pasaron a constituirse en ente autónomos regidos con criterios de “eficiencia privada” que no necesitaban de la autorización de los ministerios para actuar así como tampoco estaban obligadas a rendir cuentas sino a posteriori y mediante auditorías controladas por ellas mismos.

Además de Carlos Andrés Pérez, los grandes “arquitectos” de estas reformas fueron Gumersindo Rodríguez, especie de superministro de Planificación (en lo que entonces se llamaba CORDIPLAN), jefe del gabinete económico y en la práctica casi un Vicepresidente. Y Pedro Tinoco hijo, quien a la sazón ocupaba un cargo como diputado del Congreso y otro de ministro para la Reforma Integral de la Administración pública, ambos sin menoscabo de ser presidente vitalicio del Banco Latino, para la época una entidad mediana dentro del poderosos sistema financiero nacional. Otras figuras claves de este período fueron Carmelo Lauría, Diego Cisneros y Diego Arria, éste último una especie de mini-CAP encargado al mismo tiempo de la Gobernación del Distrito Federal y del Centro Simón Bolívar, lugares desde los cuales protagonizó sonados casos de corrupción y tráfico de influencias todavía impunes.

En mi criterio, lo importante de este período para entender la mutación de la corrupción en nuestro país no es solo que la misma se haya generalizado alcanzando prácticamente todas las instancias pequeñas y grandes de la administración pública, sino su salto cualitativo. Y es que si bien como decíamos ésta ha formado parte consustancial del estado venezolano desde sus inicios, de más o menos simple mecanismo de apropiación ilegal del producto social paso a convertirse, primero, en una herramienta de debilitamiento de las formalidades más elementales del Estado en cuanto a manejo transparente de la cosa pública, y luego –lo que es más grave- en un mecanismo legitimación del orden imperante por medio de la complicidad generalizada.

En cuanto a lo primero, habría que recordar que si bien todo Estado burgués -como bien señaló Marx- viene a ser pura y simplemente la junta de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa, para cumplir mejor esa función debe hacerse de mecanismos legitimadores de transparencia y legitimidad que no sólo convenzan a lo no burgueses de la imparcialidad de dicho orden, sino a los propios burgueses en la medida en que cada capital y por tanto cada burgués convive con sus pares en relación de competencia. Pero dichos mecanismos cada tanto se convierten en trabas para el desenvolvimiento de la acumulación, por lo cual se hace necesario hacerlos saltar, o como se diría en criollo, mojarlas, engrasarlas. Todo esto se supo hacer tan bien que hasta el Contralor de la República de entonces se vio obligado a renunciar.

Sobre lo segundo, la mutación más perversa de la corrupción en mi criterio fue haberse filtrado a todo el cuerpo social, siendo que ya no solo implicaba la apropiación indebida de los recursos administrados por el Estado sino en general de todo lo público. De allí esa actitud displicente, permisiva y abusiva de muchos y muchas ante la cosa pública de la cual hacemos uso privado sin ningún tipo de miramiento y de manera envalentonada, así como esa idea asimilada por buena parte de la población del que el Estado es una caja chica (bastante grande en ocasiones) puesta al servicio de quien llega.

Pero el genio maligno de la burguesía venezolana no solo fue involucrar a casi todo un país directa o indirectamente en su práctica corrupta. Tampoco en hacerlo pagar por sus desmanes, siguiendo aquel principio según el cual las ganancias se privatizan pero las pérdidas se socializan. Si no que una vez estallada la crisis se presenta como la salvadora, desplazando las culpas a otros sectores y escabullendo la suya. Me gustaría citar a este respecto a Moisés Moleiro, lúcido testigo y narrador de dichos acontecimientos:

Al declarase la crisis, tras el anuncio del Viernes Negro, (los sectores de poder económico) evidenciaron alguna agilidad impensada. Al lado del reclamo, y el intento casi obsceno de aprovechar en su propio beneficio la crisis que habían aprovechado en la abundancia, supieron originar campaña ideológica –en el peor sentido del término- tendiente a ciertos objetivos. La crisis, en primer lugar, no tenía culpable,: todos los venezolanos habíamos disfrutado la riqueza petrolera y todos éramos culpables por derrochadores. Resultaban así curiosamente homologados los que diseñaron y ejecutaron determinadas políticas con quienes resultaron víctimas de las mismas. Los que se enriquecieron prodigiosamente a expensas del patrimonio público y los que permanecieron pobres, carentes de todo. Una culpa ontológica –derivada del “modo de ser” venezolano- nos abrazaba a trabajadores de salarios escasos y patronos de ganancias astronómicas, a campesinos sin tierras y usureros que venden insumos agrícolas, a desempleados y visitantes de los casinos de Aruba, a profesionales sin trabajo y votante ingenuos, por un lado, y dirigentes asociados al “tren empresarial” que enviaban dinero a bancos suizos, por el otro.

 Tras difuminar la culpa, entreverando la campaña con una alabanzas a la empresa privada francamente grotescas, se volvió el curso de la misma hacia el verdadero objetivo: las empresas del Estado. Algunos medios de comunicación implicados en el bloque dominante de poder, particularmente el oligopolio televisivo, sirvieron de plataforma de lanzamiento de la campaña. Se trataba de aprovechar la crisis como se aprovechó la abundancia: en medio del rio revuelto podía aspirarse a una reprivatización de las empresas estatales, celosamente apartadas del capital privado por Pérez Jiménez, su verdadero creador, y tibiamente mantenidas en esa condición por los gobiernos democráticos (…)

 Con la culpa diluida entre toda la población y manejando sus apetencias grupales como medio de “salvar la patria”, se adulteraron los datos de la realidad, se encubrieron hechos ciertos y se abultaron otros, de menor cuantía.” (M.M. Las máscaras de la democracia. Centauro. 1988)     

El llamado Grupo Roraima dirigido por Marcel Granier será uno de los grandes encargados de popularizar este mito, alimentado por la retórica neoliberal ya entonces vigente. El resultado será un ejercicio de masaje ideológico –del que particularmente han sido víctimas los sectores medios- que instauró  el fetiche de que la corrupción es una enfermedad exclusiva del Estado y la administración pública, mientras que la transparencia y la honestidad son valores del sector privado.

Ya en este punto estamos en los ochentas, donde la corrupción era endémica y conocerá las formas vulgares recordadas por todos: los jeep de Ciliberto, las cuentas de Vinicio Carrera, los desmanes de Blanca, el saqueo de Alberto Federico Ravell y Marta Colina en VTV, todos los cuales pese a su cuantía serán minucias con respecto al gran asalto de los grupos de poder y más bien eran señales de la aguda descomposición y rebatiña practicada por quienes como hienas se abalanzaban sobre los restos del menguante patrimonio nacional. Pero por esa vía llegaremos de nuevo a CAP en su segunda oportunidad y de nuevo a Tinoco, nombrado por el primero al frente del BCV desde donde organizará su último asalto sobre las arcas del Estado. Para que se tenga una idea del mismo, se estima que en pérdidas el descalabro financiero impulsado por el Latino -y por la lucha sin cuartel entre Orlando Castro y Carlos Bernárdez por el control del Banco de Venezuela- produjo pérdidas a la nación equivalentes al 17% del PIB de entonces y un “rescate” financiero por parte del Estado (del que en buena parte se apropiaron los banqueros antes de fugarse) equivalente al 12%.

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