Breve reseña sobre los orígenes privados de la corrupción pública en Venezuela. (primera parte).

mardo

Ayer sábado la oposición marchó en defensa de Richard Mardo ante el proceso que se le sigue por malversación de fondos. Como hemos visto, el alegato es que dicho proceso no es justo, pues se trata de una persecución política emprendida por un régimen al que, de paso, consideran ilegal e ilegítimo. La última parte de dicho alegato es cosecha propia de la MUD, pero la primera es un refrito bastante conocido con el cual no innovan los capos de primero justicia pues ya abusaron de él los adecos, copeyanos, banqueros tránsfugas, especuladores de oficio y demás crápulas que han pululado a lo largo de la historia de nuestro país al menos desde Manuel Antonio Matos hasta Eligio Cedeño y Mezerhane.

Persecución política alegó CAP, como también Gustavo Gómez López, Blanca Ibáñez, Cecilia Matos, Lusinchi, Vinicio Carrera y muchos otros. Y aún más atrás, los jerarcas del gomecismo hicieron lo mismo a la muerte del dictador, como Pedro Tinoco Smith, padre de Pedro Tinoco Jr., recordado éste último en el imaginario colectivo por los billetes “tinoquitos” pero cuyas competencias como agente del poder económico en la segunda mitad del siglo XX, le otorga un lugar de honor en la galería siniestra de la corrupción local y puede que hasta mundial. Tinoco hijo, dicho sea, fue el único de los grandes malandros de este país que no alegó persecución política cuando cayó su última gran estafa: el Banco Latino, seguramente porque días antes de que estallara el caso había muerto de cáncer en un hospital de Denver…

Como en tantas otras oportunidades, buena parte de los que marcharón ayer para defender a Mardo no han reparado ni repararán en la veracidad o no de las pruebas, ni en el hecho todavía más trivial de que, en cuanto funcionario público electo, Mardo debería rendir inmediatamente cuentas y no alegar a su favor su propia torpeza o supuestas “buenas intenciones”. Y no lo hacen por las más variadas razones, todas conocidas pero que no está nunca de más recordar: por estar involucrados ellos mismos en diversas prácticas de corrupción, por propiciarlas o encubrirlas, por ser descendientes de antiguos corruptos o simplemente por esa ignorancia, ambigüedad de criterio y falta de sentido común que se ha vuelto tan característica del opositor venezolano promedio, para quien las cosas son buenas y aplaudibles si responden a sus intereses y son malas y condenables si no: la corrupción es un buen argumento si se trata de desprestigiar al chavismo, pero olímpicamente la ignoran -cuando no la justifican- si se trata de un diputado de la MUD o de un excandidato presidencial que se reúne, toma fotos y abraza con delincuentes como Alan García y asesinos como Jovino Novoa, Secretario Privado de Pinochet pero además recurrentemente vinculado a redes de prostitución infantil y el narcotráfico.

Sin embargo, y es a esto a lo que voy, también ocurre que el que una parte de la población vea en la defensa de la corrupción un argumento válido de lucha, más allá de la flojera intelectual, el oportunismo y la indolencia de criterio tiene razones un poco más complejas. Por una parte, hay que tomar en cuenta que la misma ha formado durante tanto tiempo parte del quehacer nacional que muchos la ven como algo natural, siendo al parecer el único motivo de molestia el que otros lo hagan y ellos no o el que otros puedan hacerlo más que ellos. Como lo dijo en una ocasión el viejo general gomecista Linares Alcántara, apelando a la reconocida sabiduría campechana que caracterizaba a los hombres del régimen Benemérito: el Tesoro Nacional es como el Guaire, cualquiera puede meter su totuma siempre y cuando no abuse con el tamaño. Así las cosas, lo que quiero decir es que para una parte de los venezolanos la corrupción se convirtió en una forma de vida y hábito, tan normal como comerse la luz, poner la música a todo volumen sin importarle los vecinos o varar un yate en una playa pública como si fuera un muelle privado. Ergo, si alguien funda un partido político utilizando dineros “donados” por la mamá gerente de una empresa del Estado eso no puede llamarse exactamente corrupción: es no pasar por tonto, como no pasar por tonto es aceptar dineros en sobres para una campaña electoral dejando entrever el pago de favores comerciales, cobrar una comisión por contratos, sobornar a alguien o comerse el hombrillo. Total, ¡todos o hacen! El único problema, como decía, es no poder hacerlo en determinados momentos o simplemente sentir que otros lo hacen más o se quieren pasar de listos (abusen con el tamaño de la totuma).

Pero con todo y el peso de este elemento “cultural”, no es aquí donde hay que buscar sus causas. En ese sentido, muchos historiadores e investigadores en general las han buscado en varios factores, siendo uno de ellos (el más estrafalario) lo biológico y el otro (el más común) la corrupción “intrínseca” de la administración pública. En cuanto a la primera, no son pocos quienes han sugerido razones patológicas traspasadas de generación en generación. Herrera Luque, por ejemplo, ganó un premio nacional de medicina (1969) por una novela histórica llamada La huella perenne donde achacaba los males de las sociedades latinoamericanas a la persistencia de los genes de enfermedad mental y criminalidad traído por los conquistadores europeos, la mayoría de los cuales eran delincuentes comunes o perversos miembros de siniestras casas reales. No obstante, la versión patológica que terminó por imponerse en el sentido común mediatizado achaca dichos males más bien al “mal material local” resultante de la mezcla de indio con negro, flojo, vividor y forajido por naturaleza. Las razones por las cuales terminó esta tesis por ser dominante son obvias: políticamente es más digerible para los grupos de poder venezolanos (económicos, políticos, culturales, etc.,) y nuestra petulante clase media en la medida en que la mayoría de sus miembros comparten nacionalidad con aquellos bandidos y perversos europeos.

En cuanto a que la corrupción sea un mal intrínseco a la administración pública, es un fetiche que se sostiene sobre una confusión pero también al hecho que, precisamente, en cuanto fetiche sirve para invertir la relación de causalidad de la corrupción. La confusión consiste en la creencia de que como la misma trata de la apropiación indebida de los bienes públicos, los límites de esta apropiación son los funcionarios públicos. Pero mucho más importante es que este razonamiento oscurece el hecho más característico de la corrupción en todos los lugares y momentos del mundo pero que en Venezuela es especialmente claro: que dicha apropiación se hace a título privado, por personas naturales o jurídicas privadas y que, en el orden histórico correcto de las cosas, la corrupción es un efecto de la apropiación del Estado por el sector privado.

 

Al Estado por asalto. 

Como se ha dicho, la corrupción tiene una larga historia en nuestro país, incluso antes de que fuera una República. Los europeos despojaron a los indígenas en nombre de la Corona española, pero los funcionarios y emisarios de dicha Corona inmediatamente se especializaron en burlar el pago de tributos  y en contrabandear con otros reinos, dándose así una importante acumulación de capital derivado de la piratería, la evasión fiscal y la doble contabilidad. El poder que logra el mantuanismo por esa vía lo hace proclive a querer alcanzar la independencia política, de manera de manejar ellos mismos el negocio. Pero la independencia tomará rumbos más radicales cuando se involucren las “castas”, quienes sienten que se merecen algo más que morir luchando para que la odiosa oligarquía terrateniente se haga definitivamente del poder.

Hoy día sabemos muy bien en qué terminó la gesta independentista. Pese al esfuerzo de Bolívar, Sucre y demás héroes, nuevos crápulas surgen de las propias filas patriotas y se alían con los sobrevivientes de los crápulas originarios, fundando una república oligárquica caracterizada por las intrigas, la violencia, la especulación, el despojo, las luchas intestinas y la corrupción. Nuevamente las masas se levantarán, esta vez en manos de un descendiente de un capitán bolivariano, pero reaparecerá la traición y la convivencia de los intereses de los poderosos de uno y otro lado, trayendo como consecuencia la instalación de un régimen cuyo mérito fue organizar el despojo de los sectores dominantes nacionales con los internacionales. Ese fue el de Guzmán Blanco, quien además de atar la economía nacional a las acreencias del gran capital internacional, instauró un mecanismo bastante ingenioso, La compañía de crédito de Caracas, a través del cual la emergente burguesía comercial y financiera venezolana iba a dar un paso firme en el proceso de erigirse como clase dominante . El mecanismo asombra por su simplicidad. El Estado venezolano delegaba en la compañía de crédito –formada por los principales comerciantes del Caracas- las funciones de acuñación de moneda, recaudación de impuestos aduaneros, administración del presupuesto público, y a la vez, le servía de fuente de financiamiento para los gastos corrientes y sus proyectos buena parte de cuyos recursos terminaban igual en las arcas de los accionistas de dicha compañía mediante sistema de compras. Es decir, la compañía de crédito hacía el equivalente de lo que hoy hacen el BCV, SENIAT, la Tesorería Nacional y la Oficina de Presupuesto al tiempo que se erigía en prestamista del Estado para que este le comprara las cosas que ella misma importaba…

Además de Guzmán Blanco, el gran operador de esta compañía fue Manuel Antonio Matos, el mismo que más tarde se alzara contra Castro financiado por la New York & Bermúdez pero que más tarde regresaría de la mano de Juan Vicente Gómez una vez que éste último diera un golpe frío a su compadre. En los tiempos de Gómez el viejo sistema instaurado por Guzmán vivirá un nuevo impulso, pero esta vez en manos del Banco De Venezuela, vástago de la compañía de crédito, dirigido por el historiador Vicente Lecuna.

No obstante, durante el gobierno de Gómez lo más importante que se produce para la evolución de la corrupción es la total y definitiva con-fusión entre lo público y lo privado, entendido esto último como los intereses de los grupos de poder de turno. Gómez mismo manejaba el país como una hacienda de su propiedad y en el negociado de las concesiones petroleras se hicieron varias de las más conspicuas fortunas de la Venezuela del siglo XX -incluyendo la del clan Capriles– al régimen otorgar derechos sobre tierras públicas a sus acólitos para que estos a su vez los negociaran con las transnacionales. Sin embargo, será en ocasión de la discusión de la ley de hidrocarburos de 1920 cuando la burguesía emergente encabezada por la fracción especulativa usuraria tome el control del Estado y de los recursos públicos al hacerse con el manejo de la entonces naciente renta petrolera.

Para contarlo rápidamente, es en el marco de la discusión de dicha ley cuando se propone la creación de la figura de un “canon de arrendamiento” (la regalía de la cual se obtiene hoy día la renta petrolera) a ser percibido por el Estado como derecho de explotación . El promotor de esta figura fue Gumersindo Torres, a la sazón ministro de Fomento de Gómez. Sin embargo, en el proyecto de Torres dicho canon no lo iba a percibir directamente el Estado sino los terratenientes privados. El argumento del ministro era que de esa manera la clase terrateniente podía utilizarlo como capital para reinvertir en el desarrollo agrícola, valorizando sus propiedades y estimulando la alicaída producción. Pero justo en ese momento se da la célebre intervención de Lecuna, quien al contrario de Torres proponía que el canon lo cobrara y recibiera directamente el Estado y no un sector específico de la sociedad, en este caso los terratenientes.

El debate Torres-Lecuna es un ejemplo de manual de cómo la defensa de intereses de los grupos de poder se contrabandea como de los intereses de todos. Torres apostaba por la vieja clase terrateniente a la cual se debía, Lecuna por los de la burguesía especuladora y usuraria a la cual pertenecía. Gómez, viejo zorro al fin, busca una salida intermedia, pero a la larga terminó inclinándose por la opción Lecuna que en definitiva se impuso no sin permitir un intervalo mixto durante el cual los terratenientes cobraron derechos a las petroleras que, por su puesto, nunca utilizaron para los fines manifestados por Torres sino para el consumo suntuario y la especulación con las tierras. Este es el origen no contado del rentismo en Venezuela: una acción no de ejercicio de soberanía sino de utilización de la misma para apalancar la acumulación de capital. Lecuna –de quien Domingo Alberto Rangel decía que tenía dos pasiones en su doble condición de historiador y banquero: Bolívar y los bolívares- no tuvo que apelar al conocido discurso capitalista de la iniciativa privada. Por el contrario, apeló al de la intervención del Estado para matar dos pájaros de un tiro: por una parte, hundir a la clase terrateniente hegemónica desde la colonia, y por el otro, en la medida en que el Banco de Venezuela en tiempos de Gómez hacía exactamente lo mismo que hacía la Compañía de Crédito durante los de Guzmán Blanco, garantizar la captura privada de la renta mediante su administración.

De allí en adelante la historia venezolana ocurrirá entre idas y venidas de este tipo. El intervalo frustrado de Medina procurará adecentar un poco las cosas dotándola de otra legitimidad, pero es allí que aparece FEDECAMARAS, fundada  justamente para defender los interese creados en torno al usufructo privado de la renta por el capital especulativo y usurario. Para dichos fines, FEDECAMARAS formará alianzas con los militares más reaccionarios y con AD. Dicha alianza, como sabemos, derrocará a Medina, pero durará solo tres años hasta que AD sea excluida al Gallegos ponerse más creativo de lo necesario con respecto a los límites y atribuciones del sector privado. Así sobrevendrán los diez años de dictadura, 1948-1958, durante los cuales la burguesía especulativa, usuraria  y mercachifle sabrá aprovechar muy bien el manejo privado de la renta perfeccionando dicho arte especialmente en materias como la obtención de jugosos contrato inmobiliarios y de obra pública. La resistencia popular, por un lado, pero también conflictos surgidos con la Junta Militar por parte de los sectores empresariales, harán que estos últimos terminen cediendo a lo inevitable abandonando a la junta para pactar con los elementos políticos moderados en emergencia.

Es sobre este marco de cosas que se dará el pacto de Punto Fijo, que sellará no solo una alianza política entre los factores de poder político reaccionarios –URD, AD y Copei, excluyendo a la izquierda- si no entre estos y los empresarios agrupados en torno a FEDECAMARAS. Será, como toda alianza de este tipo, funcional y por lo tanto frágil y no exenta de conflictos, pero que se mantendrá por décadas. Sin embargo, aunque los gobiernos adecos y copeyanos hicieron todo lo posible por garantizar la acumulación extraordinaria de capitales en las condiciones exigidas por la burguesía criolla –estrechamente aliada, incluso familiarmente, con la foránea- no por eso ésta dejó de avanzar en su empeño por aumentar su poder incluso si eso significaba de nuevo desechar a los partidos políticos.

En la siguiente entrega abordaremos el período que comienza en el 58, pero especialmente el período de CAP I cuando se opera el asalto definitivo del Estado por parte de la burguesía nacional esta vez espoleada por una ambiciosa fracción que a golpe de codazos venía abriéndose paso en la disputa de la renta petrolera y en general del presupuesto público. Se trata de aquella fracción conocida -Pedro Duno mediante- como “los doce apóstoles”, una banda de forajidos encabezada por el propio CAP y por Pedro Tinoco hijo y de la cual formaron parte conspicuos personajes como Cisneros y Siro Febres  y otros crapulistas menores como Diego Arria (sí, el mismo de la MUD) quienes no por forajidos carecían de un plan muy bien orquestado cuya expresión política fue el V Plan de la Nación del cual Tinoco fue redactor. Para avanzar en su empresa, los apóstoles recurrieron a todos el arsenal de chantaje, presión y corrupción habido y por inventarse, envolviendo al Estado en ese tan conocido mecanismo de complicidad que involucraba desde los ministros hasta los porteros.

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