Las medidas económicas, inútiles reflexiones.

La fría reacción a las medidas anunciadas el pasado sábado por el gobierno nacional contrastan abiertamente con las expectativas que las mismas habían generado. A este respecto, me parece que hay dos hipótesis plausibles que puedan explicar tal fenómeno. La primera de ellas es que el chavismo y una parte de la oposición todavía están confundidos por lo que se anunció, o, para decirlo en el lenguaje técnico que merece la ocasión, aún no entienden bien por dónde pasó la “rabo e cochino” que les lanzaron. En lo referido a la segunda, creo que si bien entre el escualidismo pesa un poco la decepción por el no aumento de la gasolina (lo que pudiera haber hecho saltar al gobierno por los aires), entre algunos existe la convicción de que, en la práctica, se trató de un paquete de ajuste estructural clásico disfrazado de revolucionario. O sea, que después de todo, Chávez terminó siendo un neoliberal más.

Empezando por el final, es bueno dejar claro que no es verdad que se trate de un paquete tradicional tipo CAP o Caldera II. Sujetos como Petkoff dicen esto porque es buena la ocasión de limpiar un poquito sus nombres, como si después de todo su responsabilidad por los desastres cometidos fuera menor porque alguien las repita. En tal sentido, esta hipótesis tiene algo de expiación de culpa y seguro que hasta de nostalgia, así que debería ser rápidamente desechada como un producto típico del sentido común escuálido. En consecuencia centrémonos mejor en la primera hipótesis, que es donde creo que está, como quien dice, el detalle.

Lo primero que se puede decir sobre las medidas es que son dos cosas: rebuscadas las unas  y contradictorias las otras. Vistas por separado no está muy clara su viabilidad, y en conjunto no se entiende bien cuál es realmente el objetivo. Si partimos de la premisa que aparentemente las animó, esto es, ajustar la gestión de gobierno a los nuevos escenarios de recesión económica, está claro que tenía que sincerarse el presupuesto a la realidad de los precios del petróleo, lo cual dicho sea de paso no era sino corregir la ligereza de aumentar de un año a otro en 25 dólares la base del cálculo pese a todos los anuncios de lo que estaba por venir. En consecuencia, una vez descartadas las recetas clásicas (la devaluación o el aumento de la gasolina) se recurre a una no menos clásica: reducir el gasto, con la salvedad de que en este caso, al revés del antes neoliberal, lo sacrificado no sería la inversión social sino los llamados  “gastos suntuarios”.

En el apartado “Estricta ejecución del gasto” de las medidas anunciadas se entiende por eliminación del gasto suntuario la “paralización de remodelaciones, de adquisición de nuevas sedes, la eliminación de publicidad innecesaria, regalos corporativos, agasajos, renovación de plataformas tecnológicas, viajes al exterior, etc.”. Por otra parte, se habló también de colocar “máximos en las remuneraciones del personal de alto nivel del Gobierno central y empresas del Estado” así como de “ajuste en los niveles superiores de la nómina de contratados”. Pese a que ambas medidas son sensatas especialmente en momentos de vacas flacas, no está claro cómo van a ejecutarse y ni siquiera si el impacto de las mismas es significativo para lo que se quiere lograr. Es decir, muy probablemente reducir la publicidad innecesaria contribuirá al ahorro en el caso de PDVSA, pero visto el cifras globales ¿de cuánto ahorro al año estamos hablando? En el caso de la adquisición de nuevas sedes la cosa todavía es más confusa, porque una cosas es el edificio que el MINEC estaba haciendo (o ya construyó, no se) en Chacaito y otra las sedes de funcionamientos de misiones en el interior del país o zonas populares, muchas de las cuales tienen que pagar arriendos que sí tienen incidencia erosiva real en el gasto.

El problema de fondo con estas medidas es que si no cuenta con la activa participación de los agentes de ejecución no son más que un noble saludo a la bandera. Por un lado, cualquiera que conozca de presupuesto público sabrá que muchos de esos gastos están diluidos en partidas no siempre fácil de supervisar ex ante o que requerirían un control previo que ninguna institución en Venezuela (mucho menos el Ministerio de Planificación) tiene la posibilidad de asumir. En el caso de las remuneraciones, no es seguro que la incidencia de los altos niveles sea significativa al global de este concepto pese a las groseras diferencias puntuales. En este caso, el problema estructural tiene que ver más bien con la discrecionalidad de las instituciones del estado para aplicar sus políticas salariales gracias a lo cual, por ejemplo, la norma constitucional según la cual a igual trabajo igual salario, en la práctica no se cumple cuando se compara intra institucionalmente, es decir, cuando se mide el ingreso de un trabajador de un ministerio con otro de igual cargo y función en otro ministerio. En el caso de los salarios, por otra parte, estamos hablando en la mayoría de los casos de derechos ya adquiridos a los cuales no se puede renunciar. Y de hecho, en instituciones de altas remuneraciones como el SENIAT, Educación Superior, la DEM o la propia Procuraduría, los salarios del alto nivel forman parte de las convenciones plenamente legales y legítimas.

Esto nos lleva al tema del aumento salarial y, por esta vía, al modo en qué el gobierno nacional pareciera estar enredado en una serie de contradicciones que traen como consecuencia cosas como los anuncios del sábado. En la administración pública, los sueldo del personal administrativo están estipulados en base a escalas de manera tal que, al aumentar los sueldos de la base, se aumentan los de la cima. Cuando se decretan aumentos del salario mínimo éste se cumple automáticamente en el caso de los obreros (que por lo general ganan el mínimo o están muy cerca) y en el caso del personal administrativo pudiera que no si se decreta. El problema está que si no se hace habrán trabajadores administrativos que queden por debajo del mínimo, pero incluso aunque esto no pase lo más seguro es que puedan ir apareciendo los famosos solapamientos (los obreros que ganan más que los profesionales, etc.). Dado que hace tiempo que no se discute la contratación colectiva del sector público, con toda probabilidad situaciones de este tipo traerá no pocos problemas. De manera tal que si aumentan a los trabajadores administrativos la pregunta del millón es en base a qué instrumento legal pueden aumentarle a unos sí y a otros no, dado que la escala salarial es de uso obligatorio según las legislaciones vigentes (pasticho que ya se vivió el primero de mayo pasado). De tal modo que incluso en el supuesto bastante poco probable de que los ahorros que se pretenden con las medidas anteriores efectivamente se generen, en realidad lo que se haría es reorientar esa plata de una a otra partida por lo que el efecto de reducir el gasto en la práctica no se cumplirá.

Zizek llama “interpasividad” a esa simulacro de aceleración externa al individuo que lo lleva a producir o anunciar cambios que nada cambian. En la jerga lacaniana, esto da cuenta del conjunto de rodeos que dan los sujetos en torno a su goce y la imposibilidad de un real pasaje al acto que acabe con el círculo neurótico. En la política pasa lo mismo y de hecho creo que esto fue lo que ocurrió el sábado. En este caso se anuncian un conjunto de medidas inútiles (tal y como están planteadas) que guardan las apariencias revolucionarias cuando las clave de todo está en el aumento del IVA, verdadera vía de refinanciamiento del presupuesto junto al endeudamiento. Por esta camino, se toma una medida impositiva que en la práctica es regresiva ya que los que menos tienen terminan sintiendo sus efectos de manera más directa, todo porque durante todos estos años hemos sido incapaces de tener una legislación decente en materia impositiva, es decir, acorde con o establecido en la constitución nacional.

En este caso lo progresista (que no revolucionario, que sería otra cosa) hubiese sido aplicar impuestos donde los que más ganen sean los que más aporten. Un impuesto progresivo a las transacciones bancarias para medianos y altos montos, por ejemplo, era un instrumento más sensato el cual solo requeriría de mecanismos más finos de control para que no ocurriese lo de veces anteriores. Seguramente, a este respecto alguien podría opinar que tal cosa sería ponerle un freno a las inversiones que tanto se necesitan ahora, pero sin entrar a considerar lo de la justicia social más básica, lo cierto es que la inflación viene comiéndose paulatinamente el salario real de los venezolanos y este aumento del IVA, dadas la insuficiencias de controles y la tendencia natural de nuestra economía, terminará recostándose finalmente sobre el consumidor.

En cuanto al tema salarial, se debería avanzar en la homologación de la administración pública estableciendo los mecanismos estructurales respectivos y no medidas coyunturales que poco logran. Los excesos salariales de personajes como Luisa Estela Morales tienen que ver con un problema de desregulación que no se soluciona con apelaciones morales, como ya es evidente. En todo caso lo hecho hecho está, esperemos que la cosa no salga tan mal como parece. 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s