¿En cuotas?

tarjeta_ripley3Una de las mayores curiosidades con la que un viajante se puede tropezar acá en Chile, es con la notable popularización de las compras “en cuotas”. De lejos, es la forma más habitual de consumo, ya que no se limita a las grandes cadenas comerciales tipo “retail” sino que prácticamente cualquier cosa se puede pagar bajo esta modalidad incluyendo servicios. Para quienes no la conocen, la compra en cuotas consiste en una forma de crédito pero que es distinto al bancario tradicional ya que opera directamente con la tienda donde haces tu “consumición”. Así por ejemplo, si se va a un local como Ripley por una portátil que sale en condiciones normales en 379.990 pesos, puedes cancelarla a ese precio o, lo que es mejor y más cómodo, tienes la opción de llevarla en 12 cuotas de 39,107 pesos o incluso en 24 de 22,139. Por su puesto, este tipo de “comodidades” agrega un costo adicional: de tal manera que si se eligió la opción de las 12 cuotas la portátil terminará saliendo a la larga en 469.284 pesos. Y si se escogió la de 24 en 531.136. Son respectivamente 90 mil y 150 mil pesos más. Mucho más caro que el precio inicial, pero con la facilidad de cancelar el producto por partes.     

Si se considera que 379 mil pesos es poco más de dos veces el salario mínimo, lo más normal es que en no pocas ocasiones la gente opte por esta modalidad de pago ya que necesitaría un plazo quizás muy amplio para ahorrar dicha cantidad (y, cuando lo haga, seguramente habrá subido de precio). Por eso, en sentido estricto las compras en cuotas no tienen nada de extraordinario pues solo se trata de una modalidad de pago entre otras. Y si se mira desde cierto punto de vista, el punto de vista del chileno urbano promedio, es una forma positiva de consumo ya que permite el acceso “masivo” a bienes que de otra forma serían suntuarios. Por lo que suele ser normal que cuando alguien plantea algún tipo de crítica o regulación de la misma no sean pocas las resistencia que se generan, especialmente y en primer lugar entre los propios consumidores.   

falabella_ddmLa principal crítica que se le hace al tema de las compras en cuotas tienen que ver con los montos globales de las deudas que ha creado, algo que en tiempos tan inciertos como estos no es poca cosa por la cual preocuparse. Según el sociólogo Tomás Moulian en su libro Chile actual, Anatomía de un mito, para 1995 la deuda total consolidada de consumo ascendía a 1,65 billones de pesos, 1,3 millones de familias estaban endeudadas con el comercio y 1,5 millones con el sistema financiero. La deuda promedio de cada familia con el sistema financiero era de 885 mil pesos mientras que con las casas comerciales de 270 mil. Sin embargo, los datos más interesantes a este respecto refieren a la distribución por estrato socio-económico: entre los grupos de más bajos ingresos (D y C) habían 1.055.000 de familias endeudadas de un total nacional de 1.523.000, y específicamente en el segmento medio (C) era el sitio donde la relación deuda/ingreso era más alta: 3.6.   

Hoy la situación no es muy distinta. Según la Comisión de Trabajo del Senado los pasivos de los hogares chilenos vienen experimentando un significativo incremento desde hace ya varios años, estimándose que hoy cerca del 60% de los ingresos mensuales está comprometido en el pago de obligaciones financieras y comerciales. Se estima asimismo, que el monto total de las deudas de los hogares chilenos equivalen, en promedio, a unas 9 veces los ingresos mensuales. La última Encuesta de Presupuestos Familiares del INE confirma esta tendencia. Según sus datos, los hogares de las ciudades capitales que pertenecen al quintil más pobre de la población tienen un ingreso promedio mensual de 177.103, pesos pero gastos mensuales por 304.042, es decir, todos los meses necesitan endeudarse en 126.939 pesos para terminar el mes. A su vez, el segundo quintil en esas mismas ciudades tiene un ingreso promedio mensual por hogar de 312.497 pesos, pero gastos mensuales de 404.702, es decir, deben pedir prestado 92.205 para terminar el mes. Y en el caso del tercer quintil, los resultados muestran un ingreso mensual de 453.217, con gastos al mes que alcanzan los 515.934 pesos, o sea, deben endeudarse todos los meses en $ 62.717.
 Éstas diferencias mensuales que deben soportar las familias más pobres y de clase media en Chile se financian principalmente con las tarjetas de crédito de casas comerciales y las líneas de crédito asociadas a ellas, pues muchas de estas familias no son sujetos de crédito bancario,  y la mayoría están destinados a la adquisición de productos básicos (alimentación, vestuario y transporte, principalmente).

Pero dadas las magnitudes de las cifras y la evidencia práctica que el peso del endeudamiento tiene sobre los hogares y en especial los de más bajos ingresos  e ingresos medios, quizá es ingenuo plantearse el problema bajo una óptica puramente económica – financiera, que pareciera ser lo que está ocurriendo. Pues lo esencial de la extraordinaria expansión del crédito entre las familias chilenas y las cosas que con ello se relaciona puede que esté en otro lado, digamos que en el proyecto político implícito que supone esta suerte de socialización del consumo. En efecto, siguiendo con Mulian, lo que esta “amabilidad” en las relaciones de consumo viene a contrarrestar en muchos casos, no es sino la dureza de las relaciones de trabajo en un país donde la precarización es la norma laboral y el acceso a cualquier servicio básico como la salud o la educación puede ser un lujo impagable. Pero esto solo la parte inicial de la historia. La otra parte implica una serie de mecanismos sutiles que varían en función de los vaivenes de la economía y la ambición de sus promotores, pero que tiene como objetivo consolidar una suerte de democracia patrimonial en base a lo que un perspicaz  ministro de la Concertación llamó “la fiesta del consumo”. En tal sentido, a la sublimación de las durezas de la explotación cotidiana se le suman la voluntad real de la gente de “salir de abajo” a través del único medio que el miedo, el conformismo y el instinto de conservación permiten. Es, si se quiere, una forma de movilidad social aparente, que en realidad no moviliza, pero que por eso mismo es tan funcional ya que al ciudadano común le permite hacerse esa idea y al sistema no solo mantenerla sin alterar las relaciones reales de explotación sino, incluso, intensificándolas.

Con una tasa de desempleo que va por el 8% y subiendo y una desaceleración del 0,5 en la economía está claro que con este tema va a terminar ocurriendo lo que está pasando con los fondos de pensiones. Sin embargo, como también está pasando en este último caso, quizá la respuesta general va a ser la pasividad, una actitud ante las cosas bastante institucionalizada por estos lares. Si a eso le sumamos que la izquierda por lo general tiene una visión bastante elemental y hasta moralista de estos asuntos (la crítica ingenua y sancionadora del “consumismo”) no me parece que haya mucho en qué se pueda avanzar al respecto. En fin, ese es justo el problema de las burbujas, no se puede hacer nada hasta después que estallan.    

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